| Nacionalizar el agua ¿Para qué? |
| Escrito por Mauricio Acuña | |
| Jueves, 08 de Octubre de 2009 18:17 | |
![]() Acciones tan cotidianas como abrir la llave del lavaplatos y la ducha no permiten dimensionar lo que hay detrás de esos valiosos litros de agua potable que se ocupan todos los días para un sinfín de actividades. El gobierno acaba de presentar un proyecto de modificación constitucional para que al agua sea un recurso considerado bien nacional de uso público. Se busca, entre otras cosas, que los derechos de aguas, otorgados por el Estado a perpetuidad a privados, caduquen si no se hace uso de ellos. La iniciativa ya está en el ejecutivo, aunque no hay plazos definidos para que ingrese al parlamento. Está lejos, en todo caso, de ser una “nacionalización del agua” como muchos quisieran. La cruzada del obispo de Aysén, monseñor Luis Infanti, por el agua dejó a pocos indiferentes. Fue en septiembre de 2008 cuando el prelado dio a conocer su carta pastoral “Danos hoy el agua de cada día”, misiva en que llama la atención del acceso al agua y de cómo en su región, la más abundante en recursos hídricos, más de un 90 por ciento de estos está en manos de una sola empresa. Para algunos la acción de monseñor Infanti se trató de una especie de pataleta eclesiástica sobre un supuesto problema, el proyecto Hidroaysén. No por nada, el obispo llegó a Santiago a repartir la carta al gobierno, a las empresas y visitó cuanto medio de comunicación pudo. Fue justamente en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión donde recibió un trato un tanto soberbio, de parte de unos panelistas un tanto ofuscados que trataron de echar por tierra los planteamientos de Infanti. Después de tanto ninguneo, el tiempo parece haberle dado la razón a monseñor Infanti. Si bien el tema no es nuevo, hoy cobra mayor relevancia debido a que el comité de ministros de recursos hídricos, encabezado por el secretario de Obras Públicas, Sergio Bitar, presentó un proyecto de modificación constitucional sobre el dominio del agua en Chile. “Se trata de un proyecto, a nuestro juicio, esencial para lo que viene en Chile. No estar dispuesto a discutir sobre el agua es no entender lo que está sucediendo en el mundo ni en Chile. Además el debate mundial ha adquirido connotaciones de modo que el agua sea considerada un derecho humano” señala el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar. Y es que para Bitar toda la información de que dispone el gobierno sobre futuros problemas y conflictos con el agua hace necesario revisar la Constitución Política de Chile en esta materia. “Nuestra Constitución, paradójicamente, no habla del agua salvo en un acápite final, el numeral 24 del artículo 19 que señala que es un derecho privado. No hay otra consideración, para nosotros es fundamental que se señale en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público. Y a partir de ello se derivan las regulaciones necesarias del mercado para que no sólo se garantice el consumo de las personas y la igualdad de derechos, sino además se garantice un uso eficiente para la producción y el desarrollo económico” dice el ministro de Obras Públicas. El proyecto de Bitar no es la panacea para los problemas de agua existentes en Chile. Constituye un primer paso para establecer legislaciones tendientes a regular los derechos de agua. Y es por ello que este primer paso es cambiar la Constitución, porque de otro modo cualquier proyecto de ley tendrá vicios de inconstitucionalidad. “Este no es proyecto de nacionalización del agua” advierte el ministro Bitar. “Es un proyecto de mejoramiento de regulación de un mercado que a nuestro juicio está distorsionado, de manera que abre la puerta y tiene un punto de consenso con algunos senadores, oficialistas y de oposición, para declarar el agua bien nacional de uso público”. Los problemas con el agua en Chile comienzan a gestarse en 1980. La Constitución de ese año señala que el agua en un bien privado. Para el senador Guido Girardi, autor de un proyecto de ley para nacionalizar el agua junto a su colega Mariano Ruiz-Ezquide, el caso chileno es único. “En todos los países del mundo el agua es un bien nacional de uso público, que significa que le pertenece a los Estados y estos la pueden concesionar a privados. En la concesión se puede transar o vender, pero el agua es del Estado, se puede caducar, se puede establecer obligaciones o prioridades de uso. Chile es el único lugar del planeta donde el agua es propiedad privada establecida a nivel constitucional el año 1980, que significó la más brutal violación a la soberanía de este país, porque se enajenó el agua a transnacionales” explica Girardi. El senador señala que la segunda mayor reserva de agua dulce del planeta, Campos de Hielo Norte y Sur en Chile, “es de Endesa, sin haber pagado un peso, a perpetuidad. Queremos recuperar el agua para Chile, que vuelva a ser un bien nacional de uso público”. “El 70 por ciento de las aguas chilenas superficiales y profundas, están en manos de tres o cuatro empresas, algunas de ellas transnacionales. Eso no puede ser” sentencia Girardi. Para el senador Ricardo Núñez debe generarse un debate nacional sobre el agua. “Esperamos que se abra un debate nacional sobre este tema. Los chilenos no tienen conciencia de la enorme significación que tiene el agua. Hay problemas graves, especialmente en la zona centro norte, por primer vez se secó un río, el río Copiapó. En Temuco, el río Toltén, cientos de personas no tendrían acceso al agua para consumo”. Mariano Ruiz Ezquide es más crítico: “Hoy en las condiciones que tenemos el agua, quiérase o no, cualquier sea la frase que se use, hoy en los hechos, real y concretamente, es que el agua, quien la tiene la puede usar ad eternum, la puede arrendar, vender, hacer lo que quiera con ella y no vuelve al Estado nunca. Y si eso ocurre, el Estado como administrador del bien común, no puede volver a utilizar el agua”. En la oposición hay voces favorables al proyecto de Bitar, aunque se declaran contrarios a nacionalizar el agua. El diputado de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, asegura "que es importante el reconocimiento constitucional que promueve este proyecto, porque el dominio del agua pertenece a la Nación toda y su uso es de todos los chilenos. Este proyecto de ley deja claro que consagra constitucionalmente este derecho, y no nacionaliza el agua, algo sobre lo cual somos absolutamente contrarios. Pero sí creemos que al Estado le corresponde velar por la subsistencia del agua en nuestro país”. El director General de Aguas, Rodrigo Weissner, ha socializado el proyecto de modificación constitucional con ONG como Chile Sustentable y agrupaciones empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril y con la Sociedad Nacional de Minería. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, indicó a Usach al Día que tienen una valoración positiva de esta iniciativa del Gobierno. “Estamos de acuerdo con gran parte de los aspectos del proyecto. En la medida que Chile tiene pendiente el reconocimiento del agua como un bien de todos los chilenos y al señalarla como un bien nacional de uso público claramente se está restituyendo el orden que hoy está definido en el Código de Aguas, pero no en la Constitución”. Para Chile Sustentable hay dos elementos relevantes. Por una parte se está planteando una nueva ley mediante la cual el Estado puede reservarse el derecho de reservar aguas superficiales y subterráneas, y también la posibilidad de caducar derechos. “El establecimiento de corporaciones de cuencas en que no sólo participen quienes tienen derechos de agua como ocurre hoy, también agricultores, las comunidades, alcaldes. Y también que haya conectividad entre quienes están arriba en la cuenca y abajo” precisa Larraín. La activista ecológica cree que el Poder Ejecutivo debe enviar a la brevedad este proyecto al Congreso, sin sacar los cálculos para ser aprobado. “La aprobación requiere tres quintos, lo que en la práctica es unanimidad. Democráticamente en el parlamento veremos quiénes se oponen y por qué se oponen” desafía. Y es que Sara Larraín está convencida que “Chile está inundado de conflictos por el agua. Es fundamental que el gobierno señale la responsabilidad política de solucionar la gobernabilidad del agua, que hoy no existe”. Los problemas más críticos del agua, a juicio de la directora de Chile Sustentable, se dan “en la zona norte y centro, que es la escasez y la contaminación. Hay escasez por razones de zona geográfica y por la irresponsabilidad de una serie de sectores que están extrayendo más agua de la que tienen derecho”. El problema es que el Estado ha otorgado más derechos de agua que el agua que existe en la naturaleza. “En muchas regiones, como es el caso de Copiapó, existen más derechos de agua en el papel que el agua que está en los ríos” acusa Sara Larraín. Sus dardos no están errados. El mismo director general de Aguas, Rodrigo Weissner, reconoce que no existe un catastro preciso de todos los derechos de aguas actualmente vigentes en Chile. Temores del sector privadoLógicamente la iniciativa de modificación constitucional sobre el agua no deja indiferentes a los dueños de los recursos hídricos en Chile. Endesa posee la mayoría de los derechos de agua en Chile, con más del 80 por ciento. Y los proyectos de inversión no paran. Al 2 de octubre hay ingresados 21 proyectos hidroeléctricos de distintas empresas a la Dirección General de Aguas.El principal temor del empresariado tiene relación con el tema de la caducidad de los derechos de agua. Las empresas los solicitan con anticipación para sus proyectos de inversión, por lo que pueden pasar años antes que esos derechos de agua sean utilizados. En 2005 se efectuaron modificaciones al Código de Aguas para hacer pagar una patente a los privados que no hagan uso de sus derechos. El ministro Bitar dice que la iniciativa no pretende frenar el crecimiento económico del país. “En el proyecto de reforma constitucional se ha propuesto la misma terminología usada en la Constitución actual en que los derechos concedidos y otorgados están allí. Establece a renglón seguido que la forma como se otorguen los derechos o los derechos ya otorgados la ley podría después revisarlos. De manera que por ahora estamos pretendiendo además que haya un desarrollo económico sustentable para que haya un mayor crecimiento económico. Se trata de hacer un uso inteligente del agua, primero para las personas y después para el desarrollo del medio ambiente, la agricultura, la minería y la hidroelectricidad”. Sobre este punto el senador Girardi es más drástico. “Hay que terminar con las campañas del terror. No hay país en el mundo que tengan sus aguas como propiedad privada, como sucede en Chile. En todos los países se han desarrollado proyectos de hidroelectricidad, en Perú, en Bolivia y en Francia y España. En Chile desde 1980 tuvo el agua como un bien nacional de uso público, y eso desde la Colonia. Cuando el Estado tiene un bien nacional de uso público lo puede concesionar a cualquiera, chileno o extranjero, por ejemplo para desarrollar centrales de hidroelectricidad. Actualmente, el agua, como es propiedad privada, el Estado no puede establecer prioridades de uso, no puede por ejemplo obligar a los dueños del agua del río Baker que tiene más de 1000 litros por segundo, convidarle agua a los campesinos ubicados al lado del cauce, en vez que esa agua vaya al mar”. La idea, precisa el parlamentario, es poner condicionantes a las concesiones y caducidad. Monseñor Infanti, obispo de Aysén, pudo no imaginarse el alcance político de su carta. Sus palabras del año pasado en entrevista con Radio Usach cobran sentido y siguen vigentes: “Es muy sano, muy positivo que podamos cuestionarnos si el poder que tenemos es para el bien público, para el servicio del pueblo, o si es para otros intereses. El tema es bastante complejo, y a partir de los proyectos hidroeléctricos uno percibe que estos son una señal, de algo más profundo, y esa es la visión ética (…) Ser hoy día, y mañana con mayor razón, dueño del agua es una nueva forma de colonialismo. A través del agua yo puedo manejar un pueblo. Es nuestro principal cuestionamiento”.
|
|
| Última actualización el Jueves, 08 de Octubre de 2009 19:08 |
Normas de Uso:
- Esta es la opinión de los lectores usuarios de nuestro medio; no de usachaldia.cl.
- No está permitido escribir comentarios injuriosos o discriminatorios, que afecten el honor y la dignidad de las personas o la imagen institucional.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos inapropiados o que no se ajusten al tono universitario de nuestra publicación.
Esperamos que con el cambio de gobierno se pueda AVANZAR en forma seria y decidida por cambiar la Constitución en aquellos aspectos que, como éste, entraba el verdadero desarrollo y la debida participación responsable de los ciudadanos.
HASTA CUÁNDO.....